lunes, 7 de junio de 2010

El caso de Anastasio Hernández Rojas



La Voz Libertaria de Tijuana no ha tratado este caso hasta ahora porque quería más hechos primero. La mayor parte de la publicidad de los medios de comunicación mexicanos antes se ha basado en la indignación emocional en lugar de los hechos racionales. Nosotros los mexicanos nos masacramos entre sí como ganado en nuestro propio país (particularmente el crimen organizado), pero creemos en la solidaridad de las instancias cuando un paisano es abusado por la migra estadounidense; cuando hay una nueva ley antimigrante estadounidense, o si un paisa está a punto de ser ejecutado por el Estado de Texas, incluso si él (o ella) es un maníaco homicida. En México, el más sagrado de la vida es el feto humano no completamente desarrollado en la matriz y los mexicanos maltratados en los Estados Unidos.

Sin duda, muchos migrantes mexicanos han sido abusados y maltratados por muchos agentes de la Patrulla Fronteriza durante décadas al igual que muchos migrantes centroamericanos han sido abusados y maltratados por muchos agentes de la migra mexicana (INM) en México.

El San Diego Union-Tribune fue el primero medio de comunicación para reportar el 3 de junio que el informe de la autopsia de Hernández Rojas reveló metanfetamina en su sistema, lo que puede explicar su comportamiento resistente que lo llevó a ser golpeado por la migra estadounidense durante su deportación a la garita de San Ysidro/Tijuana. Ahora el ejemplar actual del semanario ZETA tiene más información también:

Protege gobierno mexicano a oficiales de migración estadounidenses

Luis Alonso Pérez

INM niega video de golpiza

Autoridades del gobierno mexicano ocultan evidencias sobre la golpiza que agentes de migración de los Estados Unidos propinaron a Anastasio Hernández, hasta llevarlo a la muerte cuando iba a ser deportado. Un testigo narró a ZETA cómo un oficial del Instituto Nacional de Migración videograbó el ataque, y cómo siete personas estuvieron presentes y tomaron gráficas y video con celular de lo ocurrido. Al emigrante le aplicaron tres descargas eléctricas y –refieren los presentes– por lo menos 20 agentes gringos se turnaron para golpearlo. Francisco Reynoso, el delegado de migración, no ha declarado nada sobre el caso a pesar de ser de su competencia y responsabilidad.

El Instituto Nacional de Migración protege a los asesinos de Anastasio Hernández Rojas, emigrante mexicano que falleció después de recibir golpes y descargas eléctricas de agentes fronterizos estadounidenses al momento de ser deportado hacia Tijuana, al negar la existencia de la grabación de la golpiza captada por uno de sus agentes y no aportarla como una prueba en la investigación judicial.

Testigos del ataque denunciaron a ZETA la existencia del video y de al menos otros siete testigos de los hechos cuyos nombres y direcciones fueron recopilados por agentes migratorios mexicanos.

Abatidos por la tristeza, familiares de Anastasio exigen justicia a las autoridades de ambos países y esperan que este caso lleve a la luz pública los abusos e injurias a los que son sujetos los inmigrantes mexicanos, aún cuando han vivido y trabajado honestamente toda su vida en los Estados Unidos.

Para los defensores de los derechos humanos este incidente viene a enrarecer aún más el clima de hostilidad y violencia en la frontera, y temen que simplemente se sume a la larga lista de “asesinatos de Estado” cometidos impunemente por las autoridades norteamericanas.

Brutalidad policiaca

Nadie sabe con exactitud qué pasaba por la cabeza de Anastasio Hernández la noche del viernes 28 de mayo cuando iba a ser deportado hacia Tijuana por segunda ocasión en una semana.

Había vivido 26 años en Estados Unidos, formado una familia con cinco hijos y trabajado duro para sacarlos adelante, no podía dejarlos sin un sustento económico, y mucho menos ser una carga para ellos. Tenía que regresar a casa a como diera lugar.

Seguramente frustrado por haber sido detenido por la Patrulla Fronteriza horas antes, cuando intentaba cruzar los cerros que dividen Tijuana de San Diego, Hernández cometió un error que le costaría la vida: forcejeó con los agentes que lo conducían a la reja de deportación en la garita de San Ysidro instantes después de que le quitaran las esposas.

Un testigo del ataque reveló a ZETA que al menos siete elementos de la Patrulla Fronteriza lo golpearon con sus macanas, con los puños y cuando estaba en el suelo lo patearon con sus botas en todo el cuerpo.

“Yo vi que después lo arrastraron y se lo llevaban más lejos, donde no podíamos ver muy bien porque no había suficiente luz”, atestiguó anónimamente un emigrante que momentos antes había sido deportado y que solicitó anonimato por miedo a represalias.

Fue entonces cuando vio cómo un grupo de al menos cinco agentes vestidos de azul marino, color usado por Inmigración y Protección Fronteriza (CBP), desenfundaban una pistola paralizante y le descargaban 50 mil voltios en el cuerpo haciendo que se retorciera del dolor hasta que dejó de moverse. Aún así le aplicaron dos descargas más.

Entonces Anastasio lanzó un fuerte alarido que aturdió a todos los que estaban cerca.

Para el testigo “los gritos del paisano no eran normales, eran como los gritos de un animal en el rastro”.

Un total de 20 fueron los atacantes, aseguró, aunque no lo agredieron todos al mismo tiempo porque “se turnaban para golpearlo”.

En su desesperación el testigo volteó con un elemento de la Marina Mexicana que se había acercado para averiguar qué estaba sucediendo y le pidió que hiciera algo, pero el militar le dijo que no podía hacer nada porque estaban al otro lado de la frontera

Después se acercó con un agente del Instituto Nacional de Migración (INM), y le pidió que interviniera, pero también le contestó que no había nada que pudiera hacer.

Según el denunciante fueron las mismas personas que cruzaban la frontera caminando y presenciaron el ataque quienes comenzaron a gritar en inglés y en español a los agentes migratorios para que dejaran de golpearlo porque lo iban a matar.

Algunos de ellos tomaron fotografías y video con sus teléfonos celulares, incluyendo un agente del INM que lucía exaltado por el ataque a su connacional.

“Cuando estaba en el suelo comenzó a temblarle el cuerpo y todavía lo golpearon un poco más, pero después vi que le empezaron a quitar la ropa”, aseguró el emigrante, quien después presenció cómo uno de los agentes comenzaba a presionarle el pecho con las manos, según él para darle resucitación cardiopulmonar.

“Pero la resucitación no era normal, le presionaban el pecho demasiado fuerte con las manos y hasta con las rodillas… es como si hubieran querido callarlo para siempre”.

Así sucedió. La ambulancia tardó más de 30 minutos en llegar pero ya era demasiado tarde, en ese momento se dieron cuenta de que Anastasio ya presentaba muerte cerebral.

Tres días después falleció en un hospital de Chula Vista, California.

Agentes “preservaban” su seguridad

Después del incidente el departamento de Inmigración y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, publicó un posicionamiento oficial en el que establecía que Anastasio había reaccionado “combativamente” al momento de procesar su deportación, “por lo que después de que en repetidas ocasiones le fuera ordenado que cesara, uno de los agentes empleó una pistola paralizante para someterlo y preservar la seguridad de los oficiales”.

Asimismo informó que la investigación del caso estaba siendo manejada por el Departamento de Policía de San Diego y el mismo departamento de Inmigración y Protección Fronteriza.

Por su parte el Departamento de Policía de San Diego, a través del capitán de la Unidad de Homicidios, James Collins, informó a ZETA que oficialmente fueron cinco los agentes que sometieron a Hernández y tan sólo uno de ellos activó en una sola ocasión la pistola paralizante.

Agregó que un hermano de la victima que había sido detenido por la Patrulla Fronteriza al mismo tiempo cuando intentaba cruzar junto con Anastasio de regreso a Estados Unidos, se encontraba en custodia de las autoridades federales norteamericanas. El familiar también había presenciado el ataque fatal.

La investigación tardará de cuatro a seis semanas en completarse, explicó el Capitán Collins.

Cinco días después del ataque, la oficina forense del condado de San Diego determinó que la muerte del mexicano había constituido un homicidio, ya que murió de un paro cardíaco, aunque agregó como factores que contribuyeron la hipertensión y el uso de metanfetaminas.

Gobierno mexicano encubre asesinato

Para los defensores de los derechos humanos involucrados en el caso, comprobar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios sin duda será complicado, sobre todo porque hasta este momento ninguno de los testigos del ataque han publicado las fotografías o videos captados con sus teléfonos celulares.

Pero lo más grave es que la delegación de Tijuana del Instituto Nacional de Migración (INM) no emitió posicionamiento ni información oficial sobre la existencia del video y de la lista de siete testigos señalada por el emigrante que presenció los hechos.

El delegado, Francisco Javier Reynoso Nuño, no emitió comentario alguno acerca del caso.

Por su parte el Consulado Mexicano en San Diego, a través de un comunicado de prensa, “condenó enérgicamente el lamentable incidente ocurrido”, y expuso que dirigió comunicaciones oficiales a las autoridades correspondientes “con la solicitud de que se realice una investigación exhaustiva de los hechos, habida cuenta de que se trata de un aparente caso de uso desproporcionado de fuerza por parte, presuntamente, de agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”.

Sin embargo solicitó a testigos de los hechos cualquier tipo de información que puedan proporcionar “a fin de coadyuvar a su pronto esclarecimiento”, sin hacer mención alguna de exhortos al INM para que proporcionen el video captado por sus agentes, siendo que ambas dependencias gubernamentales forman parte de la Secretaría de Gobernación.

“Ésta es una tragedia que pudo haber sido prevista si nuestro país hubiera implementado políticas inmigratorias humanas; si se hubiera dado entrenamiento en derechos humanos a los oficiales y si se estableciera un proceso de quejas transparente”, expuso Christian Ramírez, coordinador nacional del Comité de Amigos Americanos, uno de los grupos ciudadanos que en este momento están apoyando a la familia Hernández.

“Tristemente un migrante murió ahora como resultado de políticas inmigratorias fallidas”, agregó.

Anastasio era un buen hombre

“Anastasio era una persona muy alegre, él siempre nos decía que había que seguir adelante”, dijo con tristeza una prima de la víctima, Verónica Hernández, durante una conferencia de prensa efectuada la tarde del miércoles 2 de junio en la ciudad de San Diego.

“Tenía un carácter muy alegre y era muy bromista, pero eso sí, se molestaba si alguien regañaba a sus hijos”, sostuvo Hernández, al recordar a su primo como un buen padre y un buen amigo.

“Tenía muchísimos amigos que ahora están acompañándonos en estos momentos… todos lo conocían como una persona muy trabajadora”, expresó la familiar de Anastasio, eso tras décadas dedicado a la construcción de albercas en Encanto, California.

Con el dolor y la rabia a flor de piel, la inmigrante mexicana dijo que en estos momentos la familia Hernández está devastada, “sentimos que se nos acaba también a nosotros la vida porque ahora se quedan cinco hijos y una esposa sola”.

Sobre el reporte del forense sobre la presencia de metanfetaminas en su cuerpo, Verónica Hernández dijo no saber si su primo consumía o no drogas, aunque aseguró que se le hace “muy raro” ese reporte.

Al ser cuestionada por qué Anastasio intentó cruzar ilegalmente de regreso a San Diego respondió rápidamente, “porque tiene cinco hijos y una esposa, y él era la cabeza de la familia”.

“Estoy de acuerdo, tiene que haber una protección para este país, es cierto. Pero también tiene que haber una protección para la gente”, expuso Verónica durante la conferencia de prensa, aprovechando la ocasión para hacer un llamado a la comunidad latina de Estados Unidos a alzar la voz en contra de la discriminación.

“Es el tiempo de decir que aquí estamos y no venimos a otra cosa más que a trabajar. Nosotros no andamos robando ni haciendo cosas malas. Nosotros solamente queremos una vida mejor para nuestros hijos y nuestros padres”.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que volteen a ver a sus connacionales al norte de la frontera, “venimos aquí para levantar también ese país, porque estamos trabajando aquí para ayudar a nuestras familias allá. Quiero que tengan más conciencia y que no se olviden que estamos aquí, que cumplan con su trabajo y que hagan lo que tienen que hacer”.

Larga lista de impunidad

Para el activista pro inmigrante, Pedro García Ríos, el caso de Anastasio se suma a una larga lista de abusos de poder de las autoridades federales norteamericanas en la zona fronteriza de Tijuana-San Diego.

“La violencia es parte de la cultura en la que operan las autoridades de migración de los Estados Unidos… estos abusos ocurren todos los días, aunque el caso de Anastasio es un poco más extremo pero que da a conocer la cultura de violencia que se transmite por cualquier oficial cuando se ve en una situación en la que tiene contacto con la sociedad civil”.

García Ríos hizo un breve recuento de los incidentes que han trascendido en los últimos cinco años, comenzando con el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez, quien el 30 de diciembre de 2005 recibió un tiro fulminante por la espalda por agentes de la Patrulla Fronteriza.

También mencionó el caso de Óscar García Barrios, asesinado en mayo de 2006 por agentes fronterizos cuando intentaba regresar a México con un vehículo lleno de inmigrantes indocumentados.

“Hasta el momento no sabemos de ninguna resolución al respecto con relación a estos casos e incluso se presentan como investigaciones abiertas, pero en realidad no tienen ninguna finalidad esas investigaciones”.

Además refirió los ataques con gas lacrimógeno protagonizados por elementos de la Patrulla Fronteriza en la zona aledaña a la colonia Libertad de Tijuana en diciembre de 2008.

“Ellos argumentaban que se les estaban aventando piedras y por eso ellos respondían con gases lacrimógenos”, dijo García Ríos, “pero no conocemos si hubo finalidad a esa investigación. Lo que sí sucedió es que la Patrulla Fronteriza respondió con un equipo especializado para casos más fuertes con agentes más agresivos”, puntualizó.

Finalmente recordó dos incidentes, uno en 2009 y otro en 2010, en los que conductores de vehículos fueron muertos a tiros cuando intentaron darse a la fuga después de que los agentes migratorios en la caseta de inspección les detectaran una irregularidad.

“En esos casos tampoco conocimos las resoluciones finales. Aunque ambas situaciones son muy diferentes a la de Anastasio. Sin embargo nosotros cuestionamos la posibilidad de que los conductores de estos vehículos tuvieran algún tipo de arreglo con los agentes federales, ya que en este momento existen cerca de 300 casos activos de corrupción por agentes de la Patrulla Fronteriza, de Aduanas y de ICE”.

Para el activista el problema central es que el gobierno de Estados Unidos “no tiene los mecanismos y mucho menos la voluntad de investigarse a sí mismos para sacar la conclusión de que hay corrupción y que posiblemente estén involucrados en la trata de migrantes”.

Enlace al reportaje antes

Reportaje del San Diego Union-Tribune

10 de junio de 2010:
ACTUALIZIONES SOBRE ANASTASIO HERNANDEZ ROJAS Y SERGIO ADRIAN HERNANDEZ

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