viernes, 3 de junio de 2011

"Sacerdocio cívico"



Tijuana...

Con permiso para robar

Policías saquean droga y dinero, secuestran y extorsionan a criminales y ciudadanos.

* No investigan a agentes corruptos en Tijuana.

* Policías aseguran que compañeros cometen delitos con anuencia de director y jefes delegacionales.

* Víctimas de extorsión se han quejado con el Capitán Huerta, pero no los investiga.

* Lo mismo muerden con dinero a conductores, que a narcomenudistas.

* Cargamentos de droga han sido pellizcados por municipales.

* Sin mano dura y sin supervisión, municipales se reincorporan al crimen organizado.

* Pocos casos son investigados en la UMAN y en la PGJE.

Investigaciones ZETA
Ejemplar 11 a 16 de mayo de 2011

“No tienen derecho a vivir como viven”, aseguran los jefes policiacos respecto a los traficantes de droga y, bajo esa excusa, autorizan a ciertos agentes de la Policía Municipal a robar lo que encuentren en las casas de los presuntos delincuentes en las detenciones y cateos.

Incluso, los uniformados tienen permiso para lo que ellos llaman pellizcar las cargas de enervantes. Se han quedado con crystal, marihuana y dinero.

De acuerdo a denuncias manifestadas a ZETA por elementos de la corporación, la rapacidad y comisión de delitos quedó prácticamente abierta para toda la Policía, a partir de la nueva administración municipal en Tijuana y Mexicali, particularmente.

Entrevistados, los agentes manifiestan no saber si la corrupción llega hasta el Capitán Gustavo Huerta o el Alcalde Carlos Bustamante, porque no les consta, no los han visto dando órdenes o anuencias al respecto, pero saben que el secretario de Seguridad Pública sí ha tenido conocimiento de algunas irregularidades, en su mayoría cometidas por elementos de las fuerzas de élite de la corporación tijuanense, y literalmente ha volteado a otro lado.

Incluso, detenidos le han hecho saber de frente las extorsiones de las que han sido objeto: petición de dinero para ser dejados en libertad. Sin embargo, el militar en retiro ha preferido creerle a los policías sin que medie una indagatoria.

En el caso del director y capitán de corbeta Adrian Hernández Pérez, señalan: “Él anda en la calle, es imposible que no se dé cuenta”.

Las delaciones de ciudadanos, policías municipales y elementos de otras fuerzas del orden, empezaron a llegar a ZETA desde febrero de 2011.

Entre abril y mayo de este año, los agentes tuvieron informes extraoficiales de que presuntamente Huerta había iniciado algunas averiguaciones internas, pero los agentes corruptos continuaron laborando, no los sacaron de las calles ni los enviaron a puntos fijos, donde no pudieran seguir abusando de sus puestos delinquiendo.

Asimismo, que los acuerdos con el crimen organizado se habían restablecido y todas las delegaciones estaban arregladas y que Alfredo Arteaga González y/o Alfonso Arzate García “El Aquiles”, ya estaba pagando nómina a nombre de Sinaloa.

Recientemente las versiones extraoficiales agregan que Gonzalo Inzunza Inzunza, “El Macho Prieto”, está haciendo lo propio.

Al principio, algunos policías de Tijuana se manifestaron confusos, al no saber si los estaban poniendo a prueba, ya que creían era un cuatro para ver quién caía para detenerlos o correrlos, pero resultó real.

Asuntos

Empezaron denunciando que sus compañeros estaban “centaveando y protegiendo de nuevo a narcomenudistas”, tenían miedo que “se equivocaran de criminal” y esto provocara que volvieran a matar policías que no estuvieran “metidos”.

Pero a finales de febrero, la preocupación aumentó porque según la denuncia, uno de los policías que encabeza las Fuerzas Especiales se había quedado con parte de un cargamento de cocaína, el mismo que fue presentado el jueves 24 de febrero como el aseguramiento de 26 kilos del alcaloide más 247 mil dólares y dos detenidos, resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército.

Lo que se llevó el oficial cabía en una mochila. “Lo sacó antes de reportar a los jefes”, después empezó a gastar y hasta puso un “negocito”, aseguraron los agentes que temen que la ambición de su compañero, les cueste la vida a uniformados inocentes.

Otro jefe de grupo fue señalado de hacer algo similar, el 27 de marzo, pero cuando se incautaron seis toneladas de marihuana, en el domicilio ubicado en el Infonavit Capistrano, oficialmente informaron que habían dado con la casa como resultado de una denuncia ciudadana.

Al llegar a la dirección en cuestión solicitaron apoyo de la Policía Estatal. Los municipales argumentaron temer por su vida y los titulares de las corporaciones decidieron que el parte informativo sería firmado por los agentes estatales.

Lo que no sabían los policías de Daniel de la Rosa, era que la ubicación de esa casa de seguridad había sido dada por un hombre detenido en un auto cargado con la yerba en la calle, y que los subalternos del Capitán Huerta se habían quedado con el carro, la droga que cargaba y no entregaron al hombre a sus superiores.

En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se enteraron unas horas más tarde, y la confianza que se había establecido en tiempos del anterior secretario, Julián Leyzaola, se perdió.

En esta nueva condición y al estar cerca de la zona, agentes estatales intervinieron en la petición de auxilio hecha a través del C4 por los orientales propietarios de la fábrica Chang Fashion el 12 de abril, y en la denuncia de extorsión hecha ante la Procuraduría, donde explicaron cómo trataron de deshacerse de ellos. Siete policías están presos bajo proceso por ese asunto. Lo que no ocurrió con otra denuncia de extorsión hecha por presuntos narcomenudistas llevados a las instalaciones policiacas de Zona Centro, situación de la que el Capitán Huerta sí tuvo conocimiento directo, dado que se vio obligado a acudir porque los hechos estuvieron a punto de llevar a un enfrentamiento entre policías municipales y estatales.

Los señalamientos continúan llegando: policías como propietarios de tienditas de droga, participando en ejecuciones de vendedores de droga que no se quieren alinear con Sinaloa, los que pasan información de operativos, o la llegada de jefes policiacos que todavía hace dos años ponían policías para que los narcotraficantes los mataran.

Apellidos como Othon, Hurtado, Monjaraz y Venegas surgen como señalados de comportamiento “dudoso”, al igual que los jefes de La Presa, Sánchez Taboada y Centenario.

“Que revisen su entorno familiar, sus compras recientes, negocios externos, incluso la hermana de uno de esos policías fe detenida recientemente vendiendo cocaína”, aseguró uno de los denunciantes, dato corroborado por elementos del Consejo Estatal de Seguridad, del cual se negaron a proporcionar el nombre porque “se le está dando seguimiento”.

De hecho, algunos vendedores de droga detenidos por el Ejército y la PEP ya han mencionado nombres o cargos. Éstos ya forman parte de indagatorias congeladas o desechadas en el último trimestre en la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN).

Los policías asignados a la delegación de Zona Centro también han sido señalados en el secuestro y liberación reciente de un comerciante, privado de la libertad este mes en la Zona del Río, a dos cuadras del Centro de Control y Mando, justo después de haber sido detenido por unos policías para multarlo.

El problema es que estos datos no se convierten en denuncias formales, según aseguró el propio secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y evidentemente su homóloga estatal no está haciendo investigaciones internas.

La respuesta de Huerta

Entrevistado a partir de estas denuncias, el Capitán Gustavo Huerta afirmó que sus policías no le habían informado o declarado nada al respecto, que no tenía iniciada ninguna investigación y que él no había dado ningún permiso.

Aunque no pudo respaldar al 100 por ciento a su gente y decir que los señalamientos eran falsos, los defendió y pidió repensar la posibilidad de que personas estén tratando de desvirtuar el trabajo de la corporación, “por eso se tiene que analizar la veracidad de las denuncias, porque al rato ponen a todo mundo bajo argumentos falsos”, indicó.

Aseveró que por eso hay resultados al interior, y hacia fuera hay muchos que desean que los mandos actuales sean retirados, pero que no va a desarticularlos mediante el desprestigio.

No habló de sanciones o investigaciones de su parte, pero sí de lo que sucede hacia afuera de parte del crimen organizado: “Hay que pensar, cuando hay piquete de ojos (robos o demás delitos sin permiso), quien lo comete, tarde o temprano recibe su recompensa, que es la muerte. Si eres derecho van a entender tu trabajo, si no estaña poniendo en riesgo sus vidas”.

Huerta agregó que en esa lógica criminal resulta extraño, porque si los policías estuvieran robando a los miembros del crimen organizado, de uno u otro grupo, los rivales ya los hubieran matado. “En todo caso, si lo están haciendo deberán enfrentar las consecuencias”, advirtió.

De los ex policías reinstalados y la posible contaminación, expuso que siguen sin tener cargos. “Se les paga, pero no tiene ni confianza ni poder alguno”, refirió.

Las denuncias oficiales

De acuerdo a cifras dadas a conocer por la Sindicatura tijuanense, entre el 1 de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011 se habían iniciado 80 procesos en contra de policías municipales, además de recibir un rezago del anterior gobierno de 160 expedientes e inhabilitar a dos policías suspendidos; aunado a los temas denunciados, abuso de autoridad.

Adicionalmente, la Comisión de Asuntos Fronterizos del Ayuntamiento tenía registradas 15 denuncias anónimas por abusos cometidos en contra de deportados, según informó al regidora presidenta María Luisa Sánchez, quien reveló que de entonces a la fecha, recibe un promedio de tres denuncias por día en fechas hábiles.

Los números son, por mucho, más altos en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En la Subprocuraduría Tijuana, el año pasado se abrieron un total de 187 averiguaciones previas en contra de policías locales; de esos casos, se liberaron un total de seis órdenes de aprehensión y, durante los primeros cuatro meses de 2011, se han iniciado 21, por los delitos de robo equiparado, violencia intrafamiliar, abuso de autoridad y lesiones.

“Los asuntos relacionados con homicidios o secuestros se turnan ala PGR, por eso esas cifras no las maneja el Estado”, explicaron en el área de Comunicación de la PGJE; situación que negaron en la PGR, al indicar que reciben sólo casos por atracción o posesión de armas de uso exclusivo.

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