martes, 8 de noviembre de 2011

Baja California: Uno de los estados más burocrática y antimercado libre en la República







Dos ejemplos de ello en el ejemplar de ZETA 4 a 10 de noviembre de 2011...

Ejemplo No. 1. Tramites lentos, ineficientes, y costosos para abrir un negocio.

En el vecino municipio de San Diego, California se puede solicitar y recibir un "Certificado de Impuestos de Negocio" (Business Tax Certificate) el mísmo día por sólo 51 dólares para los negocios que no requieren un permiso de salúd o ambiental.
1 Guanajuato (más fácil) 11 Sinaloa 23 Tamaulipas
2 Puebla 13 Querétaro 24 Guerrero
4 Morelos 15 Tlaxcala 25 Hidalgo
5 San Luis Potosí 16 Sonora 27 Oaxaca
6 Chiapas 16 Zacatecas 28 Durango
7 Campeche 18 Tabasco 29 Nayarit
8 Coahuila 19 Chihuahua 29 Veracruz
9 Nuevo León 20 Jalisco 31 Baja California
10 Baja California Sur 21 Quintana Roo 32 Colima
11 Aguascalientes 22 Estado de México

Fuente: Consejo Coordinador Empresarial: Agenda de competitividad. Prioridades del sector empresarial 2010-2011

BC, uno de los estados más complicados para abrir un negocio

De 1 a 3 meses deben esperar quienes deseen establecer un comercio en Tijuana, siempre y cuando no se requiera autorización por impacto ambiental. “Lo que esto hace es que motiva a permanecer en la informalidad y a la vez se fomenta la corrupción”, explica a ZETA Martha Isela Sández, coordinadora de Emprender.

Francisco Navarro Fausto

De acuerdo al estudio “Doing Business”, elaborado por el Banco Mundial en el 2010, Baja California ocupa el sitio número 31 en la lista de estados donde es más difícil emprender un negocio. Por eso no extraña el hecho de que en cuanto al proceso para abrir un comercio Tijuana esté por los suelos. Para estrenar un establecimiento en esta ciudad el propietario tarda entre dos y tres meses, tan sólo para cumplir con la burocracia requerida. Y sobran los ejemplos de la ineficiente tramitología que se exige en el Ayuntamiento local.

Tal es el caso de Fernando, que tiene registrado oficialmente su estética de belleza en la zona este de la ciudad, pero su domicilio está incorrecto. “Tengo varios años con el problema. He venido (a la Dirección de Administración Urbana) y nada más me traen vuelta y vuelta y no me dan solución. Incluso ha venido mi contador y nada”, expresó molesto el ciudadano.

Otro caso es el de una comerciante que tiene instalada una veterinaria en un fraccionamiento cercano al corredor 2000. Esta profesionista ha solicitado el permiso de uso de suelo en más de tres ocasiones, a lo largo de tres años. A la fecha no ha conseguido nada. “Me dicen que no me pueden dar el permiso para operar, que porque es zona residencial, pero esta calle (la avenida donde se encuentra el domicilio) está llena de comercios, nadie tiene permiso y así trabajan. Si todos pagaran la autoridad recuperaría más impuestos”, acotó.

Estas situaciones son más frecuentes de lo que podría suponerse para los tijuanenses que no quieren tener un negocio al margen de la ley.

De entrada, cabe decir que si un ciudadano quiere operar una estética, unos abarrotes o una papelería, que son los giros más solicitados en la Dirección de Administración Urbana (DAU), debe pagar entre mil y mil 200 pesos tan sólo por el dictamen de uso de suelo.

Al cubrir este monto tiene que esperar a que la DAU realice una revisión física del predio, así como una consulta en la cartografía de la ciudad para verificar que los usos de suelo donde se desea colocar el inmueble son de tipo comercial, y entonces, si el resultado es positivo, le será otorgada la venia para que siga con las gestiones correspondientes.

Pero de no salir favorable, el monto que se pagó ya no se recupera. Si el consignatario insiste en buscar otro espacio para su negocio tendrá que volver a realizar el trámite y cubrir el mismo importe. Este proceso sólo puede arrojar dos resultados: que el comerciante logre su cometido, o bien, que termine dándose por vencido y se sume a la informalidad.

Tardado abrir un negocio

De acuerdo a la experiencia de Martha Isela Sández Gutiérrez, coordinadora de Emprender (organismo que orienta a los emprendedores que desean abrir un negocio), incubadora de negocios de COPARMEX Tijuana, el instalar un comercio en la ciudad es muy dilatado.

“Nosotros asesoramos a los ciudadanos durante todo el proceso de incubación, es decir les orientamos en dónde establecer el negocio, cuáles son los créditos a los que puede acceder, les damos a conocer sus responsabilidades como contribuyente y los apoyamos en los trámites ante el ayuntamiento, este último es un trámite bastante larguito por el cual no todos quieren pasar”.

Según la consultada, una vez que el interesado tiene un plan de negocios y ha recibido capacitación básica sobre el tema fiscal, además ha determinado el lugar donde quiere establecerse, se cuenta con la viabilidad técnica y financiera para que el comercio tenga éxito. Entonces se da inicio a las solicitudes ante la autoridad correspondiente.

El trámite empieza en la DAU donde se tienen determinados los usos de suelo. “Cuando el negocio se va a poner en su domicilio es muy importante tener la clave catastral. Con este dato se acude a control urbano, para que antes de invertir en infraestructura, publicidad o lo que sea, con la dirección de su casa primero se esté seguro de que no va a tener problemas con poner su negocio ahí. Es aquí donde inicia el proceso.

“Hay algunos giros de bajo impacto como abarrotes, estéticas, sastrerías, librerías, lavanderías, mercerías, florerías, mueblerías, ópticas que sí se prestan para ponerlos en la casa; hay algunos que no, como son los laboratorios clínicos, que necesitan permisos de Ecología Municipal porque manejan residuos tóxicos.

Aún así, Sández agregó que en el otorgamiento del permiso de operación para una zona residencial se tiene que tomar en cuenta el tráfico que se generará en torno a la actividad así como la aceptación de los vecinos y que no exista un negocio del giro que se desea colocar.

Hasta este punto, la consultada dijo que la persona ya tuvo que invertir dos semanas debido a que el trabajo de la DAU contempla una revisión física del lugar. Si el negocio es de bajo riesgo el análisis no será tan detallado, mientras cumpla con los servicios básicos y de seguridad, como son el permiso de bomberos para rutas de evacuación, y la presencia de extinguidores.

Una vez con el permiso de uso de suelo factible en la mano, se procede a tramitar la revisión ante la Dirección de Bomberos, trámite que cuesta 200 pesos. La dependencia hará la visita al lugar y verificará que el espacio cumpla con el reglamento, es decir la instalación de extinguidores (tienen un costo promedio de 800 y mil 500 pesos) así como las salidas de emergencia. Dicho procedimiento requiere una semana más.

Si el negocio va a contar con un anuncio en la fachada ahí se deberá hacer la aplicación para otro trámite en el Palacio Municipal, mismo que tarda una semana en promedio. El costo más bajo por un anuncio ronda los 600 pesos.

En caso de que se trate de una clínica, un laboratorio o un consultorio dental se requiere un estudio de impacto ambiental que, por lo regular, tarda entre 10 y 15 días en otorgarse. Con esto el ciudadano ya habría tenido que esperar un promedio de 60 días. Al tener toda la documentación deberá regresar a Dirección de Administración Urbana para que entonces sí le otorguen el permiso de operación y empiece a instalar el inmueble.

“Tienes el uso de suelo, el permiso de impacto ambiental, permiso de bomberos, prácticamente todo, entonces el Ayuntamiento te va a otorgar el permiso de operación. Aquí ya gastaste mes y medio, dos meses si te va bien, aparte está la inversión”.

¿Qué tanto desalienta a los futuros empresarios tanta burocracia?, se le preguntó.

“Lo que esto hace es que motiva a permanecer en la informalidad y a la vez se fomenta la corrupción. Algo sí te puedo decir, el que está decidido a poner su negocio lo pone; con o sin permiso”, expresó Martha Isela Sández.

Por su parte el Presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Manuel Hernández Niebla, expresó que el organismo cuenta con una Comisión de Desarrollo Regional, misma que está trabajando en conjunto con el Ayuntamiento municipal para establecer una ventanilla única de registro de trámites.

“Estamos en el proceso de firma. En un principio la persona va a poder abrir el establecimiento y luego le van a dar 30 días para que complete los trámites. La apertura se podrá hacer directamente en COPARMEX”.

A decir de Hernández Niebla, la instalación de una micro o pequeña empresa es de las que menos trámites requiere, pero el problema empieza a acentuarse cuando los negocios entran en procesos industriales, pues entonces se necesita una licencia ambiental especial que se demora de 30 a 90 días.

Tramitología detiene inversión

“Efectivamente ésta es una situación general en el país, en que los tiempos de espera para abrir un negocio son muy fuera del contexto general y obviamente eso muchas veces o limita a la persona para emprender un negocio con la rapidez que él quisiera o una inversión importante que se pueda hacer en una ciudad decide trasladarse a otro lugar.

“En cualquiera de las circunstancias es un impacto para una ciudad no abrir el negocio en menor tiempo posible. La Canaco ha estado proponiendo distintos mecanismos para abreviar esos tiempos y ser un municipio atractivo para la inversión, y los locales que estén interesados en abrirse, puedan hacerlo”, explicó en torno al tema el Director de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, Antonio Tapia Hernández.

A decir del directivo el costo principal en la tramitación es el tiempo que un ciudadano gasta, y aunque la primer cantidad para iniciar los trámites es entre mil y mil 500 pesos los ciudadanos estarían dispuestos a pagarlos si les dijeran que les dan una resolución pronta y expedita.

“Creemos que no es algo tan difícil para las dependencias de gobierno, como por ejemplo la Dirección de Administración Urbana, el poder otorgar esa factibilidad de uso de suelo porque hay un plano de la ciudad y tiene definidas las áreas para uso comercial, turístico, habitacional, industrial.

“Un trámite no debería llevar tanto tiempo, pero después de ese permiso (uso de suelo) viene el de operación municipal y también lleva su tiempo obtenerlo y así sucede con distintas dependencias colaterales para tener el expediente completo. Que si Bomberos, que si el predial, el contrato de arrendamiento, otro de fumigación. Aquí estamos hablando de permisos para los que no se requiere impacto ambiental o de un análisis técnico para asegurar que no hay ningún riesgo, porque ésos sí se llevan entre tres y cuatro meses”.

A decir Tapia Hernández, el organismo está trabajando con el proyecto “Empresa Segura” en conjunto con dependencias del Ayuntamiento como la Dirección de Administración Urbano, el Departamento de Ecología, la Secretaría de Administración y Finanzas y Desarrollo Económico Municipal.

Mediante el programa, que esperan dar a conocer en 15 días, habrán de establecer un convenio de colaboración que otorgará una atención y resolución expedita a los trámites y promociones empresariales de orden municipal para aquellos establecimientos afiliados a dicho organismo empresarial.

“Se tiene dos supuestos, si el expediente está completo, en ese momento se le da la autorización para que apertura su negocio en periodo máximo de 30 días. Si el empresario no trae completo el expediente, seremos aval y en un lapso no menor de 30 días tendrán que integrar lo que les hace falta”, señaló a ZETA.

Ayuntamiento reconoce ineficiencia

El Secretario Desarrollo Económico Municipal, Miguel Velazco Bustamante, reconoció que el papeleo en las diferentes dependencias ahoga a los ciudadanos que desean abrir un negocio por primera vez.

“Hemos tenido 18 reuniones de análisis al interior de la secretaría, son análisis relacionados con el diagnóstico de la apertura rápida de las empresas. Estamos proponiendo abatir esos tiempos, expeditar todo lo que tiene que ver con el uso de suelo, el visto bueno de bomberos, y la parte que tiene que ver con ecología, para una apertura más rápida para empresas de bajo impacto”.

A decir de Velazco Bustamante ya tienen detectados los problemas donde pueden avanzar, y en un período no mayor a 15 días deberá entregar al gobierno del estado un documento donde se establecen las acciones que habrán de implementar.

“Las áreas más importantes (donde se atoran los trámites) tienen que ver con área de usos de suelo, desarrollo urbano, permiso de construcción así como seguir trabajando en los vistos buenos de la dirección de protección al ambiente.

“Estamos elaborando un documento donde tenemos los resultados de una evaluación interna y donde se contemplan las medidas que vamos a tomar. Debemos dar una notificación al gobierno del estado la próxima semana o antes entregarlo a Cofemer (Comisión Federal de Mejoras Regulatorias)”.

A decir del funcionario municipal, dentro del análisis y las propuestas de trabajo se contempla una inversión de 4 millones de pesos para adquirir equipo de cómputo y unidades móviles para realizar inspecciones físicas con más prontitud.

http://www.zetatijuana.com/2011/11/07/bc-el-penultimo-estado-en-la-lista-de-complicaciones-para-abrir-un-negocio/







Ejemplo No. 2. Una forma justa de desobediencia civil contra la ley de las horas extras.

Originalmente promulgada por el "pro negocio, pro empresa" PAN e ignorado en Tijuana por mordida por parte del gobierno priísta.

Al igual que
la mayoría de los conductores no respetan los límites de velocidad bajos en este estado, los bares y antros y la mayoría del público no respetan el cierre de esos establecimientos a las 3:00 a.m. Para aquellos establecimientos que permanecen abiertos hasta las 5:00 a.m., es obviamente beneficioso para ellos pagar 2 mil dólares en sobornos por ese "privilegio". Si nosotros los libertarios liberales fueramos los servidores públicos, permitiríamos esos establecimientos permanecen abiertos las 24 horas sin tener que pagar extra por un permiso o por soborno. Reconocemos que la gran mayoría de los consumidores de bebidas alcohólicas beben de forma responsable.

La prohibición en la extensión de horario en los bares es letra muerta para el Gobierno Municipal. Todos pagan para violar la Ley, y los que no, son obligados u hostigados por la misma autoridad para que lo hagan. Mientras tanto la actividad de estos establecimientos genera inseguridad y conflictos en los que todos se hacen de la vista gorda para seguir beneficiándose con la impunidad.

Juan Caros Domínguez

Sábado 22 de octubre, 3:20 a.m. Con la altanería que caracteriza a sus elementos, llega la unidad de Reglamentos al boulevard Díaz Ordaz para verificar el debido cierre del bar “El Rey Sol”. Comprueban que la cortina de metal esté abajo y los candados puestos; los agentes se suben a su vehículo tan pronto como llegaron al lugar. Ni voltean a ver al establecimiento de al lado, Bar “El Ejecutivo”, que seguirá operando hasta las 5 de la mañana. Ésa es la diferencia entre los que pagan y no pagan.

El límite marcado por la Ley, en el horario de servicio de antros, bares, cantinas y similares hasta las 3 de la mañana, es letra muerta, es letra de cambio, es mera transacción, negociación, acuerdo entre la autoridad y los empresarios de la vida nocturna en Tijuana.

5 de la mañana del 10 de octubre. Los taqueros que atienden a los trasnochados del bar y table dance “La Cueva del Peludo” –y antros aledaños– atestiguan cómo es echado a la calle, golpeado y ensangrentado, Cristian Rodríguez, de 24 años, joven que fue víctima de una golpiza colectiva que le propinaron varios meseros al interior del local. Junto con siete de los agresores, la víctima, que ya iba medio muerta (todavía hay versiones contradictorias en el sentido de su posterior fallecimiento o sobrevivencia), es asegurado por elementos policiacos, pero al percatarse los oficiales la gravedad del herido, lo trasladan de la patrulla a una ambulancia, para trasladarlo primero a la Cruz Roja, y posteriormente al Hospital General.

Lo curioso del caso es que el parte policiaco de ese día, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, consigna las 2:33 de la mañana como hora del incidente. Amén de otras inconsistencias. La Cruz Roja por su parte, también se contradice al referir que recibieron al herido a las 3 de la mañana. Atendido después en el Hospital General, según refieren testigos cercanos al parroquiano agredido, los gerentes de “La Cueva del Peludo” lo sacaron de ahí para internarlo en un nosocomio privado, so promesa de pagar todos los gastos, con tal de no hacer “más ruido”.

Evidenciada la violación al horario autorizado para operar en bares y cantinas, fijado en 3 de la mañana, todo parece indicar que autoridades y demás instancias involucradas en este caso, entraron en complicidad para no “balconear” al establecimiento irregular.

Incidentes y hechos suscitados fuera del horario reglamentario, parecieran estar siendo ocultados o minimizados, ahora sí que para “no calentar la zona”, respecto a la violación al horario establecido, que por otra parte es abiertamente trasgredido.

Tal es el caso que tuvo lugar el 20 de marzo de 2011 en la zona de moda, la Calle Sexta. Ése fue el tema más comentado entre los antreros del área. A eso de las 9 de la mañana vecinos de la zona centro reportaron escándalo y música a muy alto volumen provenientes del Bar “La Chupetería”. Al llegar patrulla y policías al local, encontraron a 12 personas con la fiesta a todo lo que da, tan es así que mujeres y hombres estaban desnudos. Era el “After party” de los clientes “VIP”, a los que además, aparte del influjo del alcohol, evidenciaban otras sustancias en el organismo. Hasta ahí quedó. Sesgado el escándalo para no exhibir la violación la horario.

Nada más como ejemplo, ZETA recorrió los antros de La Mesa la madrugada del 22 de octubre. Bares como el “El Ejecutivo”, “Marbella”, “Enigma”, “El Sinaloense”, “Charlys”, “La Cueva del Peludo”, permanecían abiertos más allá de las 3 de la mañana. Al preguntarles a meseros y cantineros la hora del cierre, hasta con orgullo respondían. “Hasta las 5 de la mañana”. Hay quienes se van de largo, cuando la luz del sol ya empieza a destellar: “Cerramos a las 6 de la mañana”, presumen en el centro nocturno “7 de copas”.

Eso es en cuanto a las cantinas ubicadas en la delegación La Mesa. Pero la misma tónica aplica para la Zona Norte, la Avenida Revolución, Zona Río y, ni qué decir, la Zona Este, convertida en tierra de nadie. O bien, en dominio del hampa.

“O cooperas o cuello”

Madrugada del domingo 30 de octubre. En un recorrido que después de las 4 de la mañana realizaron algunos denunciantes a ZETA, constataron la violación del horario establecido de los bares “Los Alebrijes”, “Tzul”, “Duai”, y todos los de la Plaza del Zapato, en la Zona Río. En la Calle Sexta, todos abiertos, a excepción de uno o dos. Sobre la Avenida Revolución el “Coco Bongo”, “La Pulgas”, “El 45”, “Camaleón”, “Premier”, “Colibrí Lounge”, “Sky” y Mikes”. En la Plaza Santa Cecilia “El Ranchero”, “Hawai”, “Taurino”, entre otros. En la Zona Norte el “Hong Kong”, “La Mal Querida”, “Adelitas”, “Chavelas”, “Chicago”, “Río Verde”, “Valentinas”, “Golden”. Además de “La Estrella”, “Blanco y Negro”, “Porkys”, “Volcán”, “Dandy del Sur”, “Cico”, “Rancho Grande”.

Todos pagan, todos se “mochan”, y tienen barra libre y horario extendido. Los menos son los que no están incluidos en ese esquema. Porque no les interesa, porque no lo requieren. Lo de menos sería excluirse del arreglo, y ya. Lo que les molesta es el hostigamiento y presión que padecen de parte de los inspectores de Reglamentos, según lo han manifestado algunos denunciantes a ZETA.

Relatan algunos propietarios de bares en la Zona Centro, “no arreglados”, que en las últimas semanas han sido víctimas de persecución y acoso. Establecido el horario de las 3 de la mañana para el cierre, elementos de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana llegan a eso de las 2:30 ó 2:45 de la mañana a “supervisar” las condiciones de los bares que sí están respetando el horario. La táctica es encontrarles cualquier pretexto (puerta de emergencia no ubicada, extinguidores, seguridad, etc.) para multarles o clausurarles. En el pecado llevan la penitencia los bares que no pagan la dispensa del horario extendido. “O me pagas o me pagas”, se quejan algunos propietarios sobre la premisa de Reglamentos.

“Te llega una inspección de Reglamentos, en donde te dejan un citatorio por supuestas violaciones. Una vez que vas al Municipio te informan del programa de las horas extras y luego te mandan a unos inspectores en donde te exigen 2 mil dólares al mes para entrar ‘al programa’”, relata un comerciante afectado.

“Si no pagas te dejan saber que en cualquier momento van a regresar y te pueden clausurar por faltas que ellos encuentran a los artículos de la Ley. Estás con ellos o en contra. Te forzan (sic) a ‘entrarle’ o pagas las consecuencias”, continúa narrando el denunciante.

Asevera el empresario: “Estamos hablando del crimen organizado dentro del Gobierno de Tijuana, manejando cientos de miles de dólares”.

“El negocio no da para tanto”, se queja otro propietario de bar, a propósito de los 2 mil dólares que les exige Reglamentos para dejarlos en paz. “Ni de renta pagamos eso”. En el afán de obligarlos a extender el horario, claro, con paga de por medio, a algunos establecimientos los atiborran de multas por cosas mínimas como tener una luz prendida o apagada indebidamente, de acuerdo al reglamento: “El monto de las multas es lo de menos, te las acumulan para clausurarte. Ellos tienen la Ley en la mano”.

Por otra parte, los afectados no tienen la confianza suficiente para denunciar ante Sindicatura del Ayuntamiento, el acosamiento y extorsión de la que son objeto: “Nos da miedo”.

Revisión selectiva

Daniel León Valdés, titular de la Dirección de Inspección y Verificación celebra que con la contratación de 4 inspectores más, ya cuentan con un cuerpo de vigilancia de 10 elementos, para toda la ciudad.

De resultados, refirió por ejemplo los del período del 1 al 10 de octubre pasado. 16 clausuras en las que incluyeron por violación del horario los establecimientos “El Norteño”, “Lucky Lady”, “La 8”, “Pancho Villa”, “Pub del Río”, “Hidalgo”, “El Triángulo” y “Jagger”.

Las estadísticas de Reglamentos, comprendidas del inicio de la actual administración municipal (1 de diciembre de 2010) hasta el 26 de octubre del 2011, es decir en un período de 11 meses, consignan 990 actas levantadas (incluidas clausuras) por diferentes violaciones a la Ley de Alcoholes.

Por irregularidades diversas en los permisos de alcohol se registran 620 actas, multas por exceder el horario, pero sin clausura, llevan 118; clausuras por diferentes faltas, son 200, clausuras por tener a menores de edad dentro, sólo han registrado 7; cierres exclusivamente por violar el horario de servicio son 51.

La multa más alta que se puede llegar a pagar es de 29 mil pesos, por el delito de permitir la entrada a menores de edad. “Y cada semana hacemos lo mismo”, dice León. “Vienen, pagan la multa normalmente el lunes, se regularizan”. Y “sanseacabó”.

No todas las semanas hay clausuras, aclara el titular de Reglamentos: “La mayoría de las veces llegamos ya fuera de horario, echamos a la gente para afuera, que es como si fuera una clausura, suspendemos actividades y levantamos un acta”.

Afirma el funcionario que se aplican igual en todas las áreas de la ciudad, incluyendo la zona este: “Con los peligros que encierran, tú sabes que es una zona un poquito conflictiva”. Los motivos: “La vigilancia está un poquito menos fuerte que en otros rumbos de la ciudad. Pero sí revisamos varios antros y las horas en que operan, algunos tienen el reporte de clausurado. Tenemos inspectores que no están vacilando en los operativos especiales que estamos llevando, una pareja de toda mi confianza los ha recorrido”.

La autoridad atestigua: “Si te das una vuelta por la Calle Sexta te vas a percatar que la mayoría están cumpliendo con el horario. Hay uno que otro por ahí que se nos jala. A otros los hemos detectado que cierran las puertas y se quedan ahí todavía pachangueando. Vas aprendiendo de todo este ambiente, ¿no?”.

Daniel León Valdés explica el mecanismo: “Cierran y se quedan ahí. Ya no entra gente ni nada, pero siguen operando. Entonces a nosotros ya nos corresponde llegar a tocarles, a veces no abren. Pero nomás son unos dos o tres que se nos pasan”.

8 ó 10 inspectores con los que cuenta el departamento de Reglamentos parecieran insuficientes para darse abasto en la vigilancia de los bares en toda la ciudad. El titular de esa dirección explica que no tienen problema por la falta de agentes, la dinámica de la actividad nocturna les facilita incluso la chamba: “Por ejemplo llegamos al Díaz Ordaz, a la Calle Sexta o a la Plaza del Zapato, y cuando miran que estás cerrando o clausurando equis bar, los demás empiezan a aplicar eso de que ‘cuando mires a tu vecinos rasurar, pon tus barbas a remojar’; y empiezan a cerrar”.

Es cuestión de mala o buena suerte, la debida aplicación de la Ley para un antro, nomás sirve da advertencia o aviso para otros. El protocolo lo facilita: “En que sacas a la gente, elaboras el acta y demás… (se pierde mucho tiempo). Si me ocupo en un solo grupo, descuido otro grupo, tienes que jugarlo como si fuera ajedrez, para poder rendir. Una clausura nos lleva 2 horas”. Mientras “se la aplican” a un bar, los demás se corren el pitazo y la libran.

Arreglos, mañas y omisiones

El director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana desconoce cuántos bares o cantinas hay, por ejemplo, en la zona este. Pero refiere que hay mil 800 permisos para venta de alcohol, rubro en el que se incluyen abarrotes, bares, loncherías, restaurantes y hasta farmacias. Datos obtenidos por ZETA contabilizan 60 establecimientos con venta de alcohol en la delegación La Presa; 40 en la delegación Cerro Colorado; 67 sobre el boulevard Díaz Ordaz; 86 en la zona norte; 65 en la Calle Sexta; por mencionar algunas zonas de mayor pujanza.

Oficialmente hay 3 mil 900 permisos vigentes para venta de alcohol, para toda la ciudad. De ésos aproximadamente son 300 para cafés cantantes, 90 para bar turístico, 100 para restaurant bar, 300 para restaurant y 200 para loncherías. El resto, se supone, incluye tiendas de abarrotes, min súper, licorerías y súper mercados.

En todo este universo de permisionarios, legales o “arreglados”, hay 800 propietarios que se ampararon ante la Ley de Alcoholes, que prohíbe las horas extras y que promovió el diputado del PAN Max García, y que también fue motivo de encontronazo entre el Gobernador del Estado y la recién iniciada administración municipal de Carlos Bustamante.

Amparados por la autoridad, pero al margen de la Ley, la mayoría de los bares en Tijuana siguen operando a su libre albedrío, en una red de complicidad y corrupción que denuncian quienes se quedan al margen del entramado operativo.

“Lo vemos, los bares no cierran a la hora establecida por la Ley”, observa el regidor panista Erwin Areizaga, quien cita el tema de Alcoholes como uno de los más cuestionables del actual Gobierno Municipal. “Lo más preocupante es que esto (las horas extras) desencadena una corrupción que por lo menos en los pasillos de Palacio Municipal, la gente que está cerca de uno, nos lo comentan, que la extorsión está a la orden del día, que están haciendo el negocio de su vida”.

A los regidores les llegó la queja de un ciudadano al que le cobraban 2 mil dólares por operar horas extras: “A lo mejor a algunos no les cobran porque tienen la amistad con gente de la administración, y los dejan operar hasta las 4:00 ó 5:00 de la mañana, no está oculto, ahí está a la luz de todos”.

Para regular en esta materia se creó un Consejo Municipal de Alcoholes, cuya instalación careció de la difusión debida y respecto a su forma de operar, es un gran misterio. Nadie sabe, nadie supo. Incluso al regidor Julio César Vázquez, del PT, presidente de la Comisión de Alcoholes, nunca se le notificó ni se le pidió opinión para la confirmación de ese organismo dentro de la estructura municipal. El tema está vedado para todos: “Es evidente que es un asunto que genera polémica, donde hay intereses y donde no querían involucrar o que participara gente que les fuera a causar ‘ruido’”, corrobora por su parte del regidor por el PAN Erwin Areizaga.

“Es un tema delicado que tiene que ver con problemas de salud pública y de seguridad”, opina el edil, lo que se sustenta con los casos mencionados al inicio de esta nota. Resalta el regidor que las horas extras no serían problema si la ciudadanía fuera más responsable. El consuelo que queda es la reciente implementación del alcoholímetro: “Que ojalá no sea un bomberazo de 2 ó 3 semanas”.

Menos mal

Pese a la abundancia de antros que se observan operando libremente hasta el amanecer, hay otra realidad que pocos ven. La de una mayoría de bares que no tienen la necesidad de extender su horario –y por ende de violar la Ley– porque simplemente no lo necesitan.

“El negocio de los bares ha decaído mucho”, advierte Daniel León, director de Reglamentos. “Los bares están cerrando, ya no están violando la ley. No hay gente, no hay lugares llenos, son 3 ó 4 ó 5 los que nomás ‘están partiendo el queso’”.

Es la crisis la que hace que muchos estén en el redil, asegura el funcionario: “Antes tú veías el jueves la Calle Sexta llena; ahora está desolado. Antes jueves, viernes, sábado y hasta domingo estaban, pero ya no hay gente, ya no hay circulación”.

Sin embargo aclara: “Independientemente de eso, nosotros cuidamos la seguridad de los antros, que tengan su puerta de emergencia, que no tengan sobre cupo, que tengan las medidas de seguridad, que cuente con sus extintores. O sea, no nomás cerramos por el horario o la presencia de menores”.

El funcionario municipal afirma que no se busca otra cosa más que negocios de alcohol estén regularizados: “para eso estamos nosotros, para tratar de que la gente cumpla”.

http://www.zetatijuana.com/2011/11/07/red-de-corrupcion-y-complicidad/

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