martes, 21 de febrero de 2012

Las jaulas porosas de México



COLUMNA del periodico El Imparcial
Eduardo Ruiz-Healy

44 muertos: Rodrigo Medina, responsable

¿Qué es lo que pasa en las cárceles mexicanas? ¿Por qué se dan constantemente matanzas como la del domingo pasado en la cárcel de Apodaca, NL, en donde se mataron 44 presos sin que se disparara un solo tiro, usándose únicamente armas punzocortantes de fabricación artesanal? ¿Qué ganancias económicas obtienen de las cárceles que tienen bajo su cargo todos los gobernadores y un buen numero de presidentes municipales? ¿Por qué horas después de la matanza en Apodaca el gobierno del priista Rodrigo Medina era incapaz de proporcionar un número preciso de los muertos y, peor aún, el de los reos que se escaparon del lugar (fueron 30)? ¿Por qué los presos del fuero federal, gran parte de ellos narcotraficantes, secuestradores y asesinos, han sido irresponsablemente encerrados por el gobierno del presidente Felipe Calderón en las defectuosas y corrompidas cárceles estatales y no en prisiones federales de alta seguridad? ¿Por qué los criminales más peligrosos tienen la libertad de caminar sueltos por las prisiones en vez de estar encerrados e incomunicados durante 23 horas en una celda? ¿Por qué permiten nuestras autoridades federales, estatales y municipales que en nuestras cárceles convivan criminales consumados que nunca podrán ser rehabilitados con primodelincuentes que sí podrían serlo?

Durante décadas me he hecho éstas y muchas otras preguntas en torno al sistema carcelario mexicano, el cual inventaron los gobiernos priistas. Los panistas y perredistas que los sucedieron al frente de gobiernos estatales y municipales nada hicieron ni han hecho para transformar y modernizarlo.

Actualmente hay 225 mil reos encerrados en 429 cárceles; 216 de ellas con problemas por capacidad. El hecho de que desde 2008 los jueces hayan abusado de la denominada “prisión preventiva” para encarcelar a personas que aún no han sido declaradas culpables ha empeorado el problema. Hoy existe una sobrepoblación de 46 mil presos en todo el País, 25% por encima de la capacidad de las prisiones.

De las 429 cárceles, sólo son administradas por el Gobierno federal y el resto por los gobiernos de los estados y municipios. Las más sobrepobladas son las del Distrito Federal, gobernado desde 1997 por los izquierdistas del PRD, con 81% por encima de su capacidad; las del Estado de México, gobernado desde siempre por el PRI, con 79% de sobrepoblación; y Jalisco, gobernado desde 1995 por los humanistas del PAN, con cerca del 70%.

Desde no sé cuándo, nuestros gobernantes estatales y municipales decidieron que fueran los mismos presos quienes se encargaran del gobierno de las cárceles. El resultado es que las reglas que rigen dentro de ellas son las del hampa, en donde los más fuertes se imponen sobre los débiles, y no las de una organización que debería tener como metas aislar a los delincuentes incorregibles y rehabilitar a aquellos que sí pueden serlo.

Al autorizar el autogobierno de los presos, nuestros gobernantes han permitido que nuestras cárceles se conviertan en verdaderas universidades del crimen en las cuales muchos delincuentes no peligrosos se convierten, para sobrevivir, en criminales consumados.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente para remover a todos los gobernadores de este País, se dice, se rumora y se comenta que las cárceles también son una muy buena fuente de ingresos para estos gobernantes.

Ignoro qué debe hacerse para que las cárceles de México funcionen correcta y ordenadamente. No soy un experto en la materia pero sé que en muchas partes del mundo las prisiones funcionan adecuadamente. Estoy seguro que cualquier gobernante que quisiera cambiar la situación lo podría hacer en el corto plazo.

Por lo pronto, son directamente responsables de 44 muertes el gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, su secretario de Seguridad Pública y responsable del manejo de las cárceles estatales, Jaime Castañeda Bravo, el comisario general de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Ernesto García Guerrero, el director de la cárcel de Apodaca, Jerónimo Miguel Andrés Martínez; el subdirector, Juan Hernández, y el jefe de seguridad de la cárcel, Óscar Devece Laureano. Todos los mencionados, menos Castañeda Bravo, fueron destituidos ayer por Medina. Como siempre, después de ahogado el niño...


Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.

Correo: eduardoruizhealy@gmail.com

Sígueme en Twitter: @ruizhealy

En Internet: www.ruizhealy.tumblr.com

Vínculo a la columna en El Imparcial

No hay comentarios.: